La justicia fiscal en México vive un momento clave: por un lado, la discusión sobre la reforma del Poder Judicial abre interrogantes sobre la independencia y eficacia en la resolución de controversias tributarias; por otro, las facultades del SAT se han fortalecido con herramientas como el congelamiento de cuentas bancarias y la suspensión de Certificados de Sello Digital (CSD), medidas que, si bien buscan combatir la evasión y el fraude, generan tensiones sobre el debido proceso, la proporcionalidad y los derechos de los contribuyentes. El gran desafío es lograr un equilibrio entre fortalecer la recaudación y garantizar un marco de justicia fiscal que no sacrifique la certidumbre jurídica ni el desarrollo empresarial del país.